La agrupación de izquierdas considera injustificada la euforia gubernamental por el resultado del referéndum
Izquierda Unida Canaria (IUC) considera injustificada la euforia gubernamental por el resultado del referéndum del pasado domingo, puesto que la Constitución europea sólo recibió el apoyo del 33% de los ciudadanos españoles con derecho a voto. En opinión del coordinador insular de IUC, Ramón Trujillo, si la Constitución española hubiera recibido un apoyo tan escaso cuando fue sometida a referéndum, habría provocado la desmoralización de los demócratas y serias dudas sobre la viabilidad de la democracia en España. Lamentablemente, el escaso apoyo recibido por el texto constitucional europeo se inscribe en una Unión Europea construida de espaldas a la ciudadanía y en la que, entre 19179 y 2004, la participación ciudadana se ha reducido en todas y en cada una de las convocatoria electorales.
En el caso de Canarias, ha habido una mayoría aplastante, el 63% de la ciudadanía, que simplemente no ha tenido interés en pronunciarse sobre un texto constitucional apoyado sólo por el 31% de la población. Trujillo considera irónico que el secretario general del PSOE en el Archipiélago atribuya la participación inferior registrada en Lanzarote a un cierto hartazgo de cómo funcionan las instituciones democráticas en esa Isla y que no aplique el mismo criterio a toda Canarias.
En Canarias, recuerda Trujillo, el parlamento regional se pronunció de forma unánime a favor del tratado constitucional. Pero el 10% de rechazo a la Constitución en las urnas debía haber encontrado una proporción similar en la Cámara regional. Es decir, hay 6 diputados que se han representados a sí mismas al votar la Constitución y, por lo tanto, han usurpado una parte de la soberanía popular. Para Trujillo, las leyes electorales discriminatorias de Canarias, la exclusión en el acceso a los medios de comunicación públicos y el alto coste de las campañas, dejan sin representación institucional a un porcentaje significativo de la ciudadanía canaria. Esto explica el divorcio entre una parte del Parlamento y la ciudadanía.
El coordinador general de Izquierda Unida (IU), Gaspar Llamazares, afirmó anoche que los 2,5 millones de votos en contra de la Constitución son «un éxito» para su formación y las organizaciones que han rechazado el texto. Así, pidió al Gobierno que «no niegue la realidad porque el resultado es incuestionable» y que, a pesar de ser legal, carece de legitimidad porque los ciudadanos han demostrado, en su opinión, su disconformidad con el texto y el proceso.
Durante su intervención para valorar los resultados definitivos del referéndum, se felicitó por los 2,5 millones de votantes que han rechazado la Constitución europea y que «acudieron a votar críticamente, en progresista y desde la izquierda, contra viento y marea, porque se ha tratado de amordazar a las posiciones criticas».
Llamazares señaló que «negar la realidad es peor que tratar de manipularla», y que hoy «la mayoría de españoles -sumando votos en contra, blancos y la abstención- han demostrado que no se sienten concernidos a este Tratado; y que se encuentran alejados e indiferentes tanto de la campaña como del contenido del Tratado». «Y esto hay que decírselo al Gobierno» dijo el líder de IU, porque «el resultado del Tratado es legal pero no legítimo». A su juicio, los motivos de la escasa participación -«los más bajos en la historia de la democracia, y no se puede atribuir a una ciudadanía pasiva»- es que la informativa «se hizo al margen de los usos democráticos» y que el texto del Tratado «no cuenta con los ciudadanos».
El gobierno español considera aprobado por la ciudadanía el tratado constitucional europeo, en una jornada en la que entorno al 60% de los convocados a las urnas no ejerció el derecho a voto. Con el 93,54% de los votos escrutados, un 76,49% de los españoles que votaron dijeron 'sí' al texto y un 17,43% se ha decantado por el 'no'. Un 6% de las papeletas ha sido en blanco.
Puesto que el voto afirmativo corresponde a dos tercios de los votantes, y estos son el cuarenta por cien del censo, el apoyo a la Constitución quedaría por tanto establecido en tres de cada diez españoles. El secretario de organización del PSOE, José Blanco, valoró este resultado afirmando que "los españoles han dado un sí de forma mayoritaria e inequívoca a la Constitución Europea, que supone un paso firme hacia adelante en el proyecto europeo y que el porcentaje de participación era importante dado que no había confrontación entre los dos principales partidos ya que ambos defendían el respaldo a la Carta Magna de la UE y no había incertidumbre sobre el resultado final.
La gubernamental agencia Efe afirmaba que el 76,5 por ciento de los españoles respaldó con su voto la Constitución Europea, algo que no es cierto porque se olvidan del 60 % de ciudadanos que no ha dicho nada porque no ha votado.
El nivel de abstención es el peor resultado de la historia democrática española. En las últimas elecciones europeas se llegó al 45% y hasta el referéndum de este domingo, era el porcentaje más escaso.
Se da la circunstancia de que el SI lo habían pedido los dos partidos mayoritarios, los sindicatos mayoritarios, las organizaciones empresariales y la totalidad de los grandes medios de comunicación, a pesar de lo cual siete de cada diez españoles no resultaron convencidos.
Por otro lado, el resultado de la votación no era vinculante puesto que ya el gobierno había firmado el tratado oficialmente.
Menos de un tercio de la ciudadanía del estado español con derecho de voto ha ratificado favorablemente el Tratado de la Constitución Europea en el referéndum consultivo celebrado hoy 20 de febrero.
Junto con la altísima abstención (que ha superado la de las elecciones europeas de junio del 2004), el voto NO a la Constitución Europea ha obtenido el 17,3 % de los votos en el conjunto del estado, alcanzando votaciones significativas en Euskadi (33,7%), Cataluña (28%), Navarra (29%), etc. Los votos en blanco también alcanzaron porcentajes inusuales (6% en la media estatal).
El gobierno del estado y las fuerzas políticas partidarias del SI que representan alrededor del 90 % del Congreso de Diputados han obtenido un sonoro fracaso. No han sido capaces de movilizar si quiera a sus electorados tradicionales.
A pesar que en el proceso del referéndum no se ha garantizado plenamente los derechos de expresión a la ciudadanía, se ha amordazado a los/las defensores del NO, y que el gobierno del estado ha manipulado la información, mentido y utilizado de modo fraudulento los recursos públicos en beneficio de la posición del SI, el voto NO, ha obtenido un digno resultado, especialmente, en aquellas comunidades y localidades donde la ciudadanía a través de la actividad de centenares de plataformas unitarias que agrupaban a numerosas organizaciones sociales, cívicas y políticas han podido contrastar la información, explicar, y ofrecer una visión mas completa del verdadero contenido del tratado constitucional, su carácter profundamente antisocial al consagrar el modelo económico neoliberal, el déficit democrático y la negación de los derechos nacionales, la confirmación de la Europa potencia y belicista, etc., así como ofrecer posibles alternativas para avanzar en una Europa social, verdaderamente democrática, pacifica y solidaria.
Este referendum confirma la tendencia expresada en las últimas elecciones al Parlamento Europeo. La pérdida de ilusión de la ciudadanía en esta Unión Europea es una manifestación evidente que nos encontramos ante una grave crisis política. En este sentido, el resultado del referéndum lejos de resolver la creciente distancia entre la ciudadanía europea y las instituciones de la UE solo hace que agravarla.
Con este resultado, el Tratado Constitucional de la Unión Europea, no tiene legitimidad. Cuando se exige consenso, mayorías del 50% + 1, incluso mayorías cualificadas en el caso de decisiones de cierta trascendencia, no puede aceptarse que se ratifique el Tratado Constitucional con el voto favorable de menos de un tercio del censo electoral.
Ante la ausencia de garantías democráticas en el desarrollo del referéndum, ante la ilegitimidad de su resultado, rechazamos la ratificación del Tratado Constitucional y nos declaramos insumisos ante su posible ratificación como vinculante por el gobierno y las instituciones del estado.
Seguiremos atentos ante el proceso de consultas en otros estados europeos y promoveremos las iniciativas que permitan enviar este Tratado Constitucional neoliberal al basurero de la historia y construir con la participación y movilización ciudadana una Europa verdaderamente democrática, social, pacifica y solidaria.
Comisión Técnico-legal Coordinadora estatal NO a la Constitución Europea
El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, se felicitó hoy por el "éxito" de 2,5 millones de votos de rechazo al Tratado europeo, que atribuyó por completo a la campaña de la "izquierda progresista", y pidió al Gobierno que desista de intentar "manipular la realidad" sobre este resultado.
En su valoración del referéndum desde la madrileña sede de Olimpo, Llamazares destacó que este "resultado incontestablemente crítico" se ha obtenido en circunstancias "difíciles" y después de una lucha "contra viento y marea" en una campaña en la que "se ha intentado amordazar a las fuerzas del no".
Por ello, anunció que mañana mismo planteará al Ejecutivo que en las iniciativas de regeneración democrática que pretenda sacar adelante deberá detallar mecanismos para que en próximos procesos electorales no se repita una falta de debate como la que, a su juicio, se ha vivido ahora.
A pesar de estas condiciones, según Llamazares ha quedado claro que la mayoría de los ciudadanos "no se sienten concernidos por este Tratado", lo que resta "credibilidad y legitimidad" a su aprobación, y vaticinó que esta misma situación se vivirá en el resto de los países de la UE que sometan el texto a las urnas.
Para el líder de IU, en la jornada de hoy han "fracasado" tanto el PSOE como el PP, partido al que advirtió de que no tiene "legitimidad" para "reclamar" el índice de abstención "después de una campaña sin fisuras" para conseguir el apoyo al texto.
De hecho, subrayó que estos dos partidos han conseguido sólo la mitad de los votos respecto a los que obtuvieron en las últimas elecciones generales.
No obstante, Llamazares consideró que el principal fracaso ha sido el del Gobierno, que ha diseñado "la campaña más sectaria desde el referéndum de la OTAN" y ha provocado "indiferencia e indignación" en la ciudadanía.
Además, el coordinador general de IU, única fuerza de ámbito nacional que ha pedido rechazar el texto, advirtió de que no admitirán "ninguna otra gestión del no" distinta a la "progresista, de izquierdas y pacifista" por lo que pidió "que nadie reclame el no salvo los que lo han propuesto".
De hecho, Llamazares se declaró en disposición de gestionar a partir de ahora la "contestación" al Tratado por parte de la mayoría que no ha votado, los que han votado "no" y los ciudadanos que "de forma crítica" han optado por la papeleta en blanco, un conjunto cuya opinión "tendrá consecuencias en la política española y europea".
"Los que queremos otra Europa tendremos que empezar un trabajo constituyente activo, pacifista y social, porque otra Europa es posible", dijo Llamazares recordando el lema con el que han promovido el rechazo al texto.
En cuanto a la participación, Llamazares recordó que es la más baja de la historia de la democracia en España, y evitó achacarla a la "pasividad" de los ciudadanos, sino a su lejanía respecto a un proyecto que se les impone, así como a "una campaña al margen de los usos democráticos".
De hecho, destacó que "sólo ha votado el 30 por ciento del electorado", un porcentaje que hubiera sido insuficiente en un referéndum vinculante, no sólo consultivo como el de hoy, y que conlleva que el Tratado ha quedado "tocado" desde el punto de vista de la legitimidad democrática.
El coordinador general hizo estas valoraciones desde la sede de IU en la madrileña calle Olimpo, en la que siguió el resultado del referéndum junto a líderes de la formación como el eurodiputado Willy Meyer, el coordinador de IU-Madrid, Fernando Marín o la portavoz en el Ayuntamiento, Inés Sabanés.
Varios de estos dirigentes, que seguían las comparecencias del Centro de Datos del Ministerio de Interior sobre resultados desde la sala de prensa, prorrumpieron en carcajadas cuando el ministro José Antonio Alonso afirmó en televisión que el voto negativo había sido "únicamente" del 17,38 por ciento.
IUC critica que la Constitución permita privatizar la sanidad
Izquierda Unida Canaria (IUC) pide votar no a la Constitución europea el próximo domingo después de una campaña que, para el coordinador insular, Ramón Trujillo, ha sido una terapia de anestesia colectiva porque se han silenciado los argumentos de quienes se oponen al texto constitucional y porque los partidarios del sí han apelado más a la identificación emotiva con Europa que a razones concretas. Se ha identificado constantemente el apoyo a la Constitución con el apoyo a la Unión Europea y esto ha hecho pensar equivocadamente a mucha gente que el rechazo a la Constitución es un rechazo a la Unión Europea. Desde IUC se afirma que se va a votar una Constitución con unos contenidos que la mayor parte de la ciudadanía desconoce y que, a veces, son difíciles de comprender hasta para los juristas. Trujillo cree que algunos artículos de la Constitución debían haber sido explicados por los ejecutivos de las multinacionales europeas que los han inspirado y que conocen su alcance exacto. El tratado constitucional recoge las propuestas económicas elaboradas por la derecha neoliberal, durante los último veinticinco años, y les añade un barniz de retórica social para que la gente de izquierdas pueda votar tranquilamente las propuestas de la derecha.
A las razones que IUC ha hecho públicas durante las últimas semanas para rechazar la Constitución europea, añaden ahora la inexistencia en el texto constitucional de un compromiso con la sanidad pública y el que se de cabida a su privatización. IUC afirma que la salud pública sólo está garantizada para toda la ciudadanía en los países en que no ha sido privatizada y que, por ese motivo, la constitución debía cerrar las puertas a su privatización. Para la formación de izquierdas, Estados Unidos es el ejemplo perfecto de lo perjudicial que puede ser para la ciudadanía un sistema sanitario privatizado. Los estadounidenses tienen el mayor gasto sanitario por persona del mundo, pero su sistema de salud ocupa el puesto 36 en una clasificación internacional elaborada por la Organización Mundial de la Salud. Hay 46 millones de estadounidenses que carecen de acceso a la atención médica y se calcula que cada año mueren unas cien mil personas en ese país por falta de cobertura sanitaria. IUC considera que los datos disponibles obligan a constitucionalizar el carácter público de la sanidad si se quiere que esté al alcance de todo el mundo. Esto es algo que el tratado constitucional no hace y, por lo tanto, abre la puerta a la degradación de los sistemas de salud europeos.
IUC, pide el no a la Constitución porque consolida un espacio económico único con veinticinco espacios laborales y fiscales que harán competir a unos trabajadores europeos contra otros, a base de empeorar condiciones laborales, y tendrán que competir igualmente unos estados contra otros para bajar impuestos y reducir los recursos del Estado destinados a financiar sanidad, pensiones o educación. También porque tendremos un Parlamento Europeo menos democrático que el de cualquier estado miembro, más gasto militar y más dependencia de Estados Unidos a través de la OTAN; porque se constitucionalizará la posibilidad de introducir la pena de muerte en ciertos supuestos y , asimismo, se enuncian a la baja los derechos sociales.
Izquierda Unida (IU) ha solicitado a la Junta Electoral Central (JEC) que obligue al Gobierno a retirar los billetes de la Lotería Nacional del sorteo que se celebrará el próximo 19 de febrero -día de reflexión previo al referéndum sobre la Constitución Europea-, porque en ellos figura el lema Los primeros con Europa que ya fue prohibido por la JEC.
Ha transcurrido sólo una semana desde que comenzó la campaña y ésta es la tercera denuncia que IU ha presentado frente a lo que considera otros tantos incumplimientos de las normas legales por parte del Ejecutivo.
El 19 de enero, la Junta Electoral acordó que el Gobierno debe limitarse a «informar objetivamente sobre el contenido» de la Constitución Europea. Dijo también que el Ejecutivo debía eliminar «toda clase de juicios de valor o lemas», como el de Los primeros en Europa y cualquier otro que pudiera influir «directa o indirectamente» en la ciudadanía al decidir su voto.
Unos días después, IU reclamó a la JEC que adoptara las medidas necesarias para que se cumpliera su acuerdo. El día 8 denunció que José Luis Rodríguez Zapatero había pedido el sí a la Constitución, en un acto institucional que celebró con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso.
Ayer, IU denunció ante la JEC que el Gobierno «incumple, una vez más», los acuerdos adoptados por la Junta Electoral.
Exigió que esos billetes sean retirados -hace días que ya están a la venta- y que se hagan las advertencias pertinentes sobre las responsabilidades en que se incurrirá si no cesan los mensajes prohibidos.
El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, afirmó que la campaña del Gobierno es «sesgada» en favor del sí y no «acrítica», como debiera ser. Este comportamiento, según dijo en diariocritico.com, «no ayuda» en las relaciones que su formación política mantiene con el PSOE como aliado parlamentario. El Ejecutivo está «ninguneando el no y favoreciendo descaradamente al sí», manifestó.
El organismo Loterías y Apuestas del Estado, que depende del Ministerio de Economía y Hacienda, explicó que la distribución de los billetes es un proceso muy complejo. Los del sorteo al que se refiere IU fueron repartidos entre el 13 y 17 de enero, por lo que ya estaban en los puntos de venta cuando la JEC adoptó su acuerdo el día 19. «No resultaba posible adoptar ninguna corrección sobre los billetes ya distribuidos», indicó.
Este organismo también aclaró ayer que ha suprimido ese lema de su página web oficial y de otros sitios en donde ha podido hacerlo.
Un tratado de Constitución Europea que coloca al mercado por encima de las personas, la economía por encima de los derechos y que da más libertad a las multinacionales que a los ciudadanos de terceros países, sólo puede tener una respuesta. EL 20 DE FEBRERO VOTA NO A ESTE TRATADO DE CONSTITUCIÓN EUROPEA.
La reciente inclusión en la Unión Europea (UE) de diez países con salarios cinco veces inferiores a los de la Europa de los Quince ha aumentado nuestra atención hacia el problema de las deslocalizaciones, es decir, el traslado de empresas a otros países debido a sus salarios e impuestos más reducidos. Se trata de un problema que posiblemente se agrave en España en un futuro próximo y que ya se ha manifestado en años recientes: Samsung cerró su fábrica en Barcelona para trasladar producción a Eslovaquia y China; Philips cerró en Barcelona y transfirió el proceso fabril a Polonia; Delphi clausuró sus plantas de Soria y Zaragoza para instalarse en Marruecos y Rumania; el fabricante de componentes de automóvil Lear cerró sus instalaciones de Cataluña para establecerse en Polonia, en donde el sueldo medio es tres veces inferior al de España y el impuesto de sociedades es del 19% frente al 35% español.
A finales de 2002, la producción del Seat Ibiza se trasladó de Cataluña a Eslovaquia ante la negativa sindical a aceptar las condiciones de la empresa. Ahora retorna a Martorell la fabricación del Ibiza debido a que la plantilla ha aceptado peores condiciones de trabajo. La moraleja es obvia: o la clase trabajadora acepta el empeoramiento de su situación laboral, o las condiciones de la nueva ampliación de la UE sumadas al marco legal que establecerá la nueva Constitución europea y a las mayores facilidades comerciales internacionales-, servirán para trasladar producción a estados con costes laborales inferiores. La propia patronal CEOE expresó recientemente su temor ante los marcos laborales rígidos que pueden agravar el proceso de las deslocalizaciones. Es más, José Manuel de Bunes, director general de Tributos, justificaba recientemente una rebaja del impuesto de sociedades en España para luchar contra las deslocalizaciones. Según comentó, los diez estados recién incorporados tienen un tipo impositivo más bajo y, por lo tanto, debemos aproximar el nuestro: no se puede renunciar a que el impuesto de sociedades tenga un tipo más competitivo.
Evidentemente, uno de los efectos de incorporar al espacio económico de la UE diez estados, con costes laborales y fiscales muy reducidos, es el de crear una situación que presione a la baja sobre las condiciones laborales de la Europa de los Quince y que, además, obligue a reducir los impuestos a las empresas, lo cual priva a los estados de recursos para mantener o mejorar la sanidad, la educación o las pensiones. Por supuesto, todo esto es evitable: si se quisiera una Europa de los Veinticinco social habría que armonizar impuestos, se estipularía la devolución por parte de las empresas de las ayudas recibidas en caso de deslocalización, estableceríamos normas europeas de calidad en el empleo e incrementaríamos espectacularmente el presupuesto comunitario. Con respecto a esto último, merece reseñarse el hecho de que el presupuesto de la UE para 2005, con diez países nuevos, sólo crece un 6.1% en relación al año previo. Tenía razón el ex presidente de la Comisión europea, Romano Prodi, cuando comentaba que la mayor ampliación de la UE es la más barata de la historia.
Hasta el día de hoy en España las deslocalizaciones han supuesto la pérdida de 50.000 empleos. En el caso de Alemania, la mayor economía de la Unión, se estima que el traslado de empresas provoca la pérdida de 100.000 puestos de trabajo anuales y que esto hoy explicaría casi una cuarta parte de su nivel de desempleo. A ello hay que añadir que el impacto propagandístico y psicológico de las deslocalizaciones tiene efectos económicos adicionales porque presiona a la baja sobre las condiciones laborales. En este sentido, un informe de la Organización Internacional del Trabajo sugería ya hace años el impacto económico que tiene en Alemania la simple amenaza de deslocalización: no es seguro que las empresas tengan que instalarse efectivamente en otro país, ya que el simple hecho de que puedan hacerlo será determinante en la negociación sindical. También en Estados Unidos se ha constatado la efectividad de la amenaza del traslado de producción a México para neutralizar reivindicaciones laborales. En realidad, estamos ante una gran campaña para que la ciudadanía europea asuma la degradación laboral y la reducción del estado del bienestar en virtud de las exigencias objetivas del mercado y la competitividad. Por ello, la organización patronal europea UNICE acaba de pedir una moratoria en la legislación social europea, al tiempo que critica el exceso de regulación y los compromisos para evitar el calentamiento planetario porque perjudican la competitividad.
En suma, tenemos que la Europa rica compite contra la Europa pobre y ambas contra el Tercer Mundo aún más pobre. Después de todo, hay 1.400 millones de trabajadores y trabajadoras que ganan menos de dos dólares diarios esperando apurar la lógica de la competitividad Sin embargo, el de competitividad es un concepto asocial que podría incluir la esclavitud como ventaja competitiva. Una sociedad civilizada no puede entronizar la competitividad que, en el mejor de los casos, es una táctica utilizable para lograr ciertos fines económicos que respeten los derechos humanos.
Y hay que detenerse en el concepto de competitividad porque la Constitución europea establece una economía social de mercado altamente competitiva y la obligación de actuar respetando el principio de una economía de mercado abierta y de libre competencia. La libre competencia incluye la capacidad de las empresas para trasladarse de unos países a otros y así presionar a los estados para que reduzcan los impuestos y los costes laborales. En realidad, las empresas están reforzando su capacidad de poner a competir a unos países contra otros, clases trabajadoras contra clases trabajadoras, en lo que es una espiral descendente de condiciones laborales y sociales. Y esta competitividad desmanteladora de derechos sociales tendrá rango constitucional en Europa.
Asimismo, también se constitucionaliza esa concepción del mercado como mecanismo económico puro, que se autorregula por medio de las interacciones entre comprador y vendedor y, de tal manera, se oculta que el mercado se basa en nociones morales e instituciones sociales que establecen a quiénes beneficia la economía. Me explico: cuando prohibimos la venta de seres humanos o legislamos costes laborales, cuando protegemos espacios naturales o establecemos tribunales para hacer cumplir contratos, en todos estos casos, introducimos criterios políticos y morales en el mercado. Siempre decidimos a quiénes y qué protege la actividad económica. La separación entre política y economía sólo puede ser teórica. Así pues, cuando el mercado aparece en la Constitución europea como economía pura, se elude la democratización de la política económica y se sitúa al mercado en el lugar que antes se asignaba a Dios: hay unas reglas económicas ante las que nada podemos hacer. La Europa que parió el discurso racional ahora constitucionaliza el discurso político mágico: hay que actuar acatando la economía de mercado abierta y aceptar un Banco Central Europeo que hará política económica sin ser influido por los representantes electos de la ciudadanía (Parte III, art. 188). El mercado-mágico, el mercado como conjunto de verdades sobre las que no se pronuncia la ciudadanía porque es absurdo pronunciarse sobre algo equivalente a si la Tierra va a seguir girando o no alrededor del Sol-, en suma, ese mercado-mito mencionado 78 veces en la Constitución europea es el misterio laico que justifica que tengamos que aceptar una competitividad que encoge derechos laborales y sociales, hace menguar la base fiscal del estado del bienestar y asume el ecocidio como ventaja comparativa. La Constitución europea que se nos propone utiliza el prestigio democrático y legitimador del término constitución para consagrar en la ley de leyes un proceso de deslocalizaciones y rebajas fiscales que sólo puede perjudicar a la mayor parte de la ciudadanía europea.
Ramón Trujillo. Coordinador insular de Izquierda Unida Canaria.
Algunos partidarios de la construcción europea observamos con preocupación el avance de una Unión Europea (UE) ajena a la ciudadanía y cada vez más antisocial. Se trata de dos constataciones preocupantes porque la falta de compromiso ciudadano con la construcción europea es una carencia democrática que, sumada a políticas que acrecientan la desigualdad y reducen el bienestar, generará reacciones antieuropeístas capaces de asestar un golpe de gracia a la propia UE. Es importante comprender la interdependencia entre indiferencia ciudadana, vaciamiento de la democracia y políticas antisociales.
El crecimiento de la indiferencia ante la construcción europea se puede argumentar fácilmente a la luz de los datos disponibles. Por ejemplo, la participación en las elecciones al Parlamento Europeo se ha reducido constantemente, pasando del 63%, en 1979, al 44.2%, en 2004. Es más, en la primera ocasión en que han votado en unos comicios europeos las ciudadanías de los diez estados incorporados el pasado año, su participación ha sido muy reducida: sólo acudió a las urnas el 28.7% de quienes podían hacerlo. En España tuvimos durante la última convocatoria electoral europea la participación más baja registrada en unas elecciones: el 45.9%. Es evidente que todos estos datos concuerdan con la percepción reflejada por dos encuestas efectuadas en la UE: si bien a principios de los años noventa el 72% de la ciudadanía europea consideraba algo bueno la pertenencia de su país a la UE, hoy esa cifra se ha reducido al 54%.
Y está claro que la creciente indiferencia hacia las instituciones europeas no ha servido para democratizar la construcción europea. Más bien ha sucedido al revés: estamos asistiendo a la presentación de una Constitución europea, que no procede de una Asamblea elegida democráticamente con fines constituyentes, y cuyo contenido es desconocido para el 75% de la opinión pública, que fue mantenida al margen del proceso de elaboración de ese tratado constitucional. ¿Por qué este rechazo a la participación democrática y por qué esa aceptación constante de la indiferencia ciudadana frente a la construcción europea?
El influyente politólogo estadounidense Samuel Huntington ha escrito que la democracia no es necesariamente aplicable universalmente y que el funcionamiento efectivo de un sistema democrático requiere cierto nivel de apatía y de no participación por parte de algunos individuos y grupos. Por supuesto, lo que Huntington comenta como propio de la democracia es incompatible con un auténtico sistema democrático. Pero lo relevante es la actitud consistente en apropiarse del contenido legitimador del término democracia para describir lo que en verdad es un autoritarismo blando. Y se prescinde de mecanismos democráticos porque de lo que se trata es de gestionar la desigualdad. La reorientación de la economía para beneficiar a los sectores más adinerados exige dejar a buena parte de la ciudadanía europea al margen de la construcción europea. Por ello, es muy poca la gente que sabe que las grandes empresas multinacionales pagan a unos diez mil profesionales, afincados en Bruselas, para redactar informes, proponer medidas legislativas, mantener contactos influyentes y, en suma, orientar la actividad legislativa europea en beneficio de esos sectores tan poderosos como bien organizados. Estos grupos de presión se desarrollaron a fines de los años ochenta y principios de los noventa, cuando la Comisión europea estaba redactando unas trescientas directivas sobre el mercado común.
Hoy Europa tiene 2.6 millones de millonarios (frente a los 2.2 millones de los Estados Unidos) y, en 2000, en un solo año, sumó 100.000 millonarios nuevos (personas con no menos de un millón de dólares en activos financieros). Este es uno de los extremos de la creciente desigualdad europea. El otro extremo, el extremo inferior de la desigualdad, está experimentando un importante aumento a raíz de las nuevas ampliaciones de la UE: si el 19% de la población de la Europa de los Quince vivía por debajo del 75% del PIB per cápita promedio de la UE, cuando se incorporen Rumania y Bulgaria tendremos que, en la Europa de los Veintisiete, no llegará al promedio mencionado el 36% de la ciudadanía. Por lo tanto, se habrá producido un crecimiento espectacular de la desigualdad regional.
Las nuevas ampliaciones de la UE no contemplan un aumento significativo del presupuesto comunitario, ni la armonización fiscal, ni la armonización de la protección social, ni ayudas realmente cohesionadoras. Por tales motivos, la reciente incorporación de diez países a la UE hará competir a trabajadores europeos del este contra trabajadores europeos del oeste, puesto que, en 2004, hemos incorporado 75 millones de personas que cobran cinco veces menos que sus conciudadanos occidentales y viven en países con impuestos para las empresas más bajos. Esta realidad presiona para alargar nuestras jornadas laborales, reducir salarios, trasladar empresas al este y rebajar a las empresas los impuestos con que financiamos la sanidad o las pensiones.
Y el golpe de gracia a las clases trabajadoras lo da la Constitución europea. Aparece en 2004, cuando la Europa de los Quince ve que la participación de los salarios en su PIB está en el 68,1%, frente al promedio del 69.2% de los años noventa. En este contexto de reducción de la participación de los salarios en la riqueza total y de incorporación de mano de obra barata y países de baja fiscalidad, sin medidas cohesionadoras, la Constitución europea reduce los derechos sociales. La nueva ley de leyes no recoge el derecho a una vivienda digna, sino a una ayuda de vivienda. Tampoco establece el derecho a las prestaciones de seguridad social, sino el derecho de acceso a tales prestaciones (¿cómo se materializa el derecho a acceder a un derecho?). También rebaja la protección laboral: en vez de obligar a los poderes públicos a proporcionar empleo reconoce la libertad de buscar empleo y el derecho a trabajar, es decir, nadie podrá prohibir que trabajemos. La Constitución sustituye la meta del pleno empleo por el objetivo de un alto nivel de empleo. En lugar de prohibir el despido por maternidad se opta por un enfoque ineficaz: el derecho a ser protegido contra tales despidos. Todo esto reduce los derechos sociales.
Así pues, debemos entender que la ampliación de la UE y la Constitución propuesta están pensadas para debilitar a la clase trabajadora y para reducir el estado del bienestar. También debemos entender que son posibles otro texto constitucional y otras condiciones de ampliación con las que todo el mundo salga ganando. Y, por último, debemos tener claro que la Constitución propuesta es antieuropea porque su recorte de los derechos sociales reducirá los niveles de bienestar y esto hará que mucha gente acabe oponiéndose a la UE.
Ramón Trujillo, Coordinador insular de Izquierda Unida Canaria
Una nueva esperanza está surgiendo en Europa. Una nueva visión inspira a más a y más europeos y los une para participar en grandes movilizaciones para oponerse a la imposición de una vía capitalista de dirección única que intenta atrapar a la humanidad en una regresión social y cultural. La condiciones de vida de los pueblos, de las instancias sociales y de los individuos está marcada por la inseguridad, la incertidumbre y la precariedad. Una nueva forma de resistencia contra la explotación capitalista está emergiendo con energía. Hay una nueva opción para un cambio en las vidas de los hombres y mujeres cada vez más afectados por los desastres producidos por las políticas de globalización capitalista.
Las nuevas formas de poder a escala internacional suscitan una crisis de las naciones-estado, de los sistemas de alianzas y del orden mundial establecido en la post guerra. La teoría de la guerra permanente, según la actual doctrina de Bush, la vorágine de la violencia terrorista que la guerra está alimentando, causa desigualdades crecientes y reduce el espacio de la democracia.
Para nosotros Europa es, dentro de la política internacional, un espacio para el renacimiento de la lucha y la acción política de clases. El logro de la paz y la transformación de la actual sociedad capitalista serán el objetivo de esta empresa. Nos esforzamos por una sociedad que supere la lógica capitalista y patriarcal. Nuestro objetivo es la emancipación humana, la liberación de hombres y mujeres de cualquier forma de opresión, explotación y exclusión.
Entendemos el papel y la tarea del Partido de la Izquierda Europea como una contribución para formar una amplia alianza social y política por un cambio radical de la política, por el desarrollo de alternativas y propuestas concretas para la necesaria transformación de las actuales sociedades capitalistas.
Asumimos la responsabilidad de dirigirnos y colaborar con todos aquellos que aspiran a una sociedad más equitativa como condición para una vida digna. Queremos establecer una política de izquierda durable como un proyecto político independiente, seguro de sí mismo y que contribuya a la puesta en práctica de alternativas solidarias, democráticas, sociales y ecológicas.
Por esta razón, la Unión Europea, así como el continente europeo en su conjunto, están siendo un espacio de importancia creciente para una política alternativa - además del nivel tradicional político de las naciones-estado, las regiones y los municipios, ligada a los acontecimientos mundiales.
Consideramos, la amplia gama mundial de movimientos "alter-mundialistas", sus crecientes intercambios, sus mutuas colaboraciones así como su influencia en los movimientos tradicionales, sociales, laborales, feministas, medioambientales, democráticos, en términos de una nueva participación en la lucha por el cambio.
Todos estos movimientos oponen al "espacio privado" de los poderes mundiales un "espacio público" constituido por sujetos que reclaman derechos fundamentales concretos: paz, democracia, justicia social, igualdad entre géneros, libertad, respeto por la naturaleza.
El Partido de la Izquierda Europea forma parte de ellos. Todo ello constituye una nueva fuente para las políticas de transformación.
En los diferentes países europeos, extraordinarias experiencias culturales y políticas, así como intensas luchas sociales han marcado el carácter original del modelo social europeo. Nos fijamos en estas raíces políticas y culturales y no en los valores de mercado que lo hacen materialmente posible, en especial a través de las políticas del Tratado de Maastricht y de las decisiones del Banco Central Europeo.
En Europa, en cada uno de nuestros países, las personas están sufren las consecuencias de las políticas de capitalismo globalizado, aplicadas por los gobiernos en interés del gran capital y de los grupos de presión, que socavan las solidaridades y los logros sociales alcanzados a través de grandes luchas.
Hay un ataque generalizado contra los sistemas de pensiones, con el desmantelamiento y la privatización de la seguridad social, el sometimiento de los servicios públicos y de sectores esenciales tales como la salud, la educación, la agricultura y la cultura a las leyes del mercado, a la precariedad y eventualidad y a la desregulación del mercado laboral. Se está produciendo una acentuación de la represión contra los sindicatos y una política de criminalización de la inmigración.
Todo se mercantiliza. Desde el trabajo al ciclo de vida entero. Actualmente en Europa, el desempleo, la precariedad, la militarización exterior, tal y como se demostró con las guerras de los Balcanes, Afganistán e Irak, y la militarización interna a través de leyes represivas y liberticidas contra los que se oponen a las políticas neoliberales, están en aumento. Este proceso está enajenando sectores crecientes de la sociedad de la política y está produciendo enfrentamientos entre los pobres, el resurgimiento del populismo, el racismo y el antisemitismo.
El fracaso de la Tercera vía en Europa abre nuevos espacios para la izquierda que quiere cambiar el mundo actual. Pero no podemos seguir la misma senda tradicional que en el siglo XX que si bien trajo grandes logros también supuso grandes derrotas y tragedias para las fuerzas de inspiración revolucionaria.
Para cambiar la sociedad tenemos que ensanchar nuestra acción. En Europa la construcción de una alternativa radical, ecologista y una izquierda feminista es un desafío para el nuevo ciclo que ahora comienza. La naturaleza plural de los movimientos puede ser atravesada por esta nueva fuerza política porque queremos construir una nueva relación entre la sociedad y la política.
Queremos construir un proyecto por otra Europa y dar otro contenido a la Unión Europea, autónoma de la hegemonía de los EE.UU., abierta al sur, alternativa al capitalismo en su modelo social y político, activa contra la creciente militarización y la guerra, a favor de la protección del medio ambiente y del respeto de los derechos humanos, incluidos los sociales y económicos.
Pedimos el derecho de ciudadanía para todos los residentes en Europa. Queremos una Europa libre de las políticas antidemocráticas y neoliberales de la OMC y del FMI, rechazando la OTAN, las bases militares extranjeras y cualquier aspiración a un modelo de defensa que fomente la competición militar en el mundo. Queremos una Europa por la paz y la solidaridad, libre de armas nucleares y de armas de destrucción masiva, una Europa que rechaza la guerra como instrumento para solucionar conflictos internacionales, como debería ocurrir en el conflicto israelo-palestino de acuerdo con las resoluciones de la ONU.
Nosotros, fuerzas políticas de este continente, queremos ayudar en la consecución de una nueva fuerza para el cambio.
Nosotros, partidos comunistas, socialistas, ecologistas, de inspiración feminista, antineoliberales y por un cambio social, queremos dar nacimiento a un nuevo sujeto político: el Partido de la Izquierda Europea (ELP). Aspiramos a canalizar esa esperanza que permitirá abordar con nuevo impulso la cuestión de la globalización, de la paz mundial, de la democracia y de la justicia social, de la igualdad entre sexos, del desarrollo sostenible y equilibrado, del respeto por las especificidades ideológicas culturales, religiosas o de las orientaciones sexuales.
Ha llegado el momento de una profunda transformación social y democrática en Europa. Sí, ha llegado el momento de intensificar las luchas que desafían los dogmas de la sacrosanta "economía de mercado donde la competencia es libre", del poder de los mercados financieros y de las multinacionales, y, por el contrario, hacer de nuestros ciudadanos los agentes activos de las políticas llevadas a cabo en su nombre.
Enfrentados a la recesión y al aumento del desempleo, hay que combatir el "Pacto de Estabilidad" y las orientaciones políticas del Banco Central Europeo con el fin de avanzar hacia otra política económica y social y hacia prioridades sociales que estén a favor del empleo y de la formación, de los servicios públicos y de una política audaz de inversión, a favor del medio ambiente. Deben imponerse los impuestos a los flujos capitales. Las prioridades deben cambiarse en favor de seres humanos, no del dinero.
Nos comprometemos a trabajar en todas las partes de Europa con el fin de avanzar en los derechos de los asalariados en sus lugares de trabajo.
Consideramos que los servicios públicos son un medio imprescindible para garantizar el derecho de igualdad de acceso de todo el mundo a la educación, al agua, a la alimentación, a la salud, a la energía y al transporte.
Hoy diez países van a formar parte de la Unión Europea y otros han expresado el deseo de adherirse. Pero hay fuerzas políticas y sociales significativas tanto en estos países como en los países ya miembros de la UE, que ven la ampliación con reservas o con total hostilidad. Estas tendencias se ven reforzadas por las dificultades causadas por las actuales opciones estratégicas de la UE.
El Partido de la Izquierda Europea también desea dar una respuesta a los problemas con que se enfrentan los países que ahora están fuera de la UE, como los de los Balcanes y otros de Europa oriental, problemas causados por su transformación así como por el dilema entre elegir una vía de desarrollo independiente o unirse a la integración capitalista europea como estrategia a medio plazo para solventar los conflictos internos relacionados con el pasado y el presente. El Partido de la Izquierda Europea está presto a luchar con todas las fuerzas democráticas de estos países en favor de la democracia, de la paz, de la justicia social y por la consolidación de instituciones democráticas. Queremos actuar de modo que las instituciones elegidas, el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales, y los comités representativos (el Económico y Social y el de las Regiones) tengan más poderes de acción y de control.
Hoy, independientemente de lo que pueda ser nuestra opinión global sobre el "Tratado Constitucional" en discusión, nos oponemos al dictado de los grandes poderes. Tampoco aceptamos su deseo de imponernos criterios económicos ultraliberales y la militarización que conducen a un substancial retroceso social.
Nos esforzaremos incesantemente por ensanchar la acción, la participación y el control por parte de los ciudadanos a todos niveles y en cada etapa de la construcción europea.
Finalmente, en el fondo, lo que está en crisis en la Unión Europea es la Democracia. Durante décadas, la Unión Europea se ha construido desde arriba, con total indiferencia a la gran diversidad de culturas y lenguas, sin el pueblo y a menudo contra él.
Pero algo está comenzando a cambiar.
Las grandes luchas sociales, de lo sindicatos, de los trabajadores, de la ciudadanía contra la guerra han comenzado a cambiar la situación. En pocos años han contribuido a una ingente movilización a favor de la paz, de la igualdad, de los derechos humanos, del respeto por el planeta. Como fuerzas políticas propugnando la transformación social, queremos contribuir a esta nueva dinámica que se enfrenta de forma resuelta a las políticas neoliberales.
Los foros sociales han constituido momentos esenciales de debate, de confrontación y de construcción de alternativas populares y ciudadanas a la actual Europa neoliberal. Los movimientos sociales, las luchas sociales y de los ciudadanos tienen su propia dinámica, su independencia de análisis, de propuestas e iniciativas.
Estamos en favor no solamente de la defensa de los derechos de los trabajadores y de los sindicatos contra toda clase de discriminación, sino también a favor de crear nuevos derechos de los trabajadores, incluyendo a los desempleados y a los eventuales y en precario, ampliando la democracia dentro de las fábricas y la vida económica, a todos niveles, incluido el nivel europeo.
Estamos a favor de servicios públicos modernos y descentralizados como el principal mecanismo para garantizar derechos sociales para todos.
Estamos por un modelo alternativo de desarrollo, por una reestructuración ecológica de la economía basada en la protección del medio ambiente y el clima y basada en el principio de precaución. Respondemos a estos retos con nuevos modelos de desarrollo que incluyen los criterios de protección medioambiental, aseguran la sustentabilidad y el equilibrio de los ecosistemas, con solidaridad social a lo largo de toda la vida, y con apoyo a las regiones más atrasadas de la Tierra.
Promoveremos que el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social se conviertan en órganos institucionales básicos de la política democrática y regional en la UE, participando en la toma de decisiones de las instituciones europeas.
La consolidación de la UE crea un nuevo espacio político para la lucha de clases y para la defensa de los intereses de los trabajadores y de la democracia, a través de la sociedad europea, con sus organizaciones e instituciones y, entre ellos, el Parlamento Europeo.
El Partido de la Izquierda Europea se compromete a contribuir que la consecución de los grandes cambios sea realidad, sin las severas dificultades que la humanidad ha conocido en el pasado, bajo un contexto de constante ensanchamiento de la paz, de la democracia y de la justicia social. Vamos a luchar juntos por una nueva sociedad, por un mundo libre de la explotación y la guerra. Juntos decimos que otra Europa es posible. El futuro está aquí, la Historia nunca termina.
"Es infinitamente más fácil tomar posición en favor o en contra de una idea, un valor, una persona, una institución o una situación, que analizar lo que es en realidad, en toda su complejidad"
Jesús Mª Tomás Jiménez y Pablo Lorente Zapatería Rebelión
El 20 de febrero se va a celebrar en el Estado español un referéndum sobre un supuesto Tratado Constitucional para la Unión Europea. Decimos lo de supuesto ya que el déficit democrático con el que nace, manifestado tanto en la nula información ofrecida a la ciudadanía durante su elaboración como por la ausencia de un auténtico proceso constituyente democrático en su redacción, sumado a sus prisas por pasarlo a refrendar positivamente en manipuladas consultas populares, empezando por estos lares peninsulares ibéricos, lo invalidan ya como texto para una verdadera Constitución Europea.
Sólo estas razones serían suficientes para votar NO a este Texto, fantasma de pactos entre los Estados y el Gran Capital. Pero hay más. Vamos a enumerar unas cuantas razones para ayudar a que no salga adelante en Navarra y en el resto de Euskalherria el SI que defienden aquellos que se rasgan las vestiduras e impiden que ejerzamos nuestra soberanía y autodeterminación los pueblos y naciones que estamos dentro del Estado español. Los mismos que tienen la Constitución española como intocable y sin embargo la moldean y retuercen para perder su "soberanía nacional" en entes supraestatales sin control democrático alguno. Estas son unas cuantas razones pero hay más para decir NO a la Constitución Europea que votaremos el próximo 20 de febrero:
1.- Consolida un sistema político en el que el poder legislativo y ejecutivo son detentados por el Consejo y la Comisión, mientras que al Parlamento se le priva de iniciativa legislativa, creando a su vez un nuevo poder, el monetario, a cuyo frente está el Banco Central Europeo, independiente y exento de todo control democrático.
2.- Da rango constitucional al modelo económico neoliberal, identificando capitalismo con democracia, ignorando la existencia de una buena parte de la sociedad civil que reclama que otra Europa y sobre todo, otro mundo es posible, impidiendo la puesta en práctica de otras políticas alternativas.
3.- No permite una actualización democrática del derecho colectivo de autodeterminación de los pueblos y naciones sin estado (tampoco de los que sí tienen estado nacional). Niega el reconocimiento a la realidad plurinacional y plurilingüística de Europa.
4.- Su modelo social y medioambiental queda supeditado a las reglas del mercado y la libre competencia, reduciendo sus objetivos a pura retórica, porque no facilita la armonización social ni garantiza derechos fundamentales como el derecho al trabajo, a una remuneración suficiente, a la huelga, a la vivienda o a los servicios sociales.
5.- Desprecia a la mitad de la población europea al no considerar la igualdad de género como un valor de la Unión Europea sino como un objetivo, reconociendo el derecho al matrimonio y a fundar una familia, pero silenciando las violencias no domésticas cometidas contra las mujeres no armonizando el derecho al uso de anticonceptivos, el divorcio o el aborto.
6.- Limita las competencias de los Estados para organizar sus propios servicios públicos, permitiendo su liberalización económica (privatización) al desaparecer del texto la solidaridad como valor fundamental que garantiza a todos y todas las ciudadanas las condiciones esenciales para una vida digna y unos servicios públicos de calidad.
7.- Blinda las fronteras frente a la inmigración no deseada impidiendo la libre circulación de personas extracomunitarias, que son discriminadas y perseguidas, negándoles el derecho de ciudadanía de la Unión Europea pese a vivir en ella y utilizando la lucha contra el terrorismo ilegal como pretexto para no respetar los derechos humanos bajo cualquier circunstancia.
8.- Instaura una política internacional belicista que apoya la doctrina de la guerra preventiva como instrumento para la solución de conflictos, obliga a sus Estados miembros a mejorar sus capacidades militares, crea una Agencia de Armamento, militarizando la economía a costa de recortar gastos sociales, e impone el respeto a los compromisos adquiridos con la OTAN.
9.- Establece un complicado sistema para su revisión posterior, lo que hace inviable en la práctica la posibilidad de modificar el texto una vez aprobado, reafirmando con ello aún más el carácter antidemocrático con el que sido elaborado.
En definitiva estamos ante un fantasma que como se haga carne legal no va a ser ni para construir más y mejor Europa ni para mejorar la calidad y la justicia social de las personas que vivimos en el planeta Tierra. Tal vez los voceros del sí profeticen catástrofes si no sale "su" constitución, para nosotros que tan nocivos son o más, los eurocéntricos como los euroescépticos así que te animamos a que te informes, contrastes y si eres una persona sin complejos mediáticos y con ganas de construir algo con futuro y que no sirva para mantener arriba a los de siempre el 20 de febrero vota NO.
Jesús Mª Tomás Jiménez y Pablo Lorente Zapatería son miembros de la plataforma ciudadana Nafar hiritarrak en contra de la Constitución Europea.
Precisamente cuando los estados miembro de dedican a la difícil tarea de persuadir a sus ciudadanos a que voten por la Constitución, se dice que una parte central del documento podría ser revisado.
En un intento de tranquilizar los temores franceses sobre la entrada de Turquía en la UE y el poder de votación que poseería por su tamaño, el presidente de la Comisión Europea declaró al diario francés Le Figaro el miércoles que las reglas podrían ser modificadas.
Si es necesario modificar las reglas [para la membresía turca] lo haremos, pero no es un tema actualmente, dijo José Manuel Durão Barroso en la entrevista.
Se refería al sistema de votación a ser utilizado para tomar decisiones bajo la nueva Constitución.
Después de muchos ir y venir durante las negociaciones, los estados miembros se pusieron de acuerdo finalmente en un sistema de doble mayorías basado en la población y la cantidad de estados miembro.
A fin de que se adopte una decisión se requiere un 55% de los estados miembro representando un 65% de la población total de la UE.
Para cuado Turquía se sume a la UE, no antes de 2015, se espera que su población habrá sobrepasado la de Alemania que actualmente es el mayor estado miembro en la Unión Europea.
Comentando la entrevista del señor Barroso, su portavoz dijo: Cuando llegue el momento de cambiar la constitución, lo discutiremos, pero ese momento no ha llegado.
Los estados miembro acordaron en diciembre que las conversaciones con Turquía deberían abrirse formalmente en octubre.
Pero particularmente en Francia, hay temores de que el referéndum sobre la Constitución planeado para mayo o junio podría complicarse por la cuestión turca los votantes franceses son hostiles en su mayoría a la entrada de Turquía en la UE.
La noticia de que parte de la Constitución que determinaría el futuro equilibrio del poder en la Unión podría ser cambiada, probablemente ayudará a la campaña de los euroescépticos contra el documento.
Si se modificaran las reglas, todos los estados miembro tendrían que tendrían que estar de acuerdo unánimemente y tendría que ser realizado antes de 2015, la fecha más próxima en la que sería posible un ingreso de Turquía a la UE.
El pasado 13 de diciembre, el diario ABC publica una breve información sobre las declaraciones del grupo musical "Los del Río" referentes a la Constitución Europea. Este grupo andaluz es uno de los que integran en la "Plataforma Cívica por Europa" y que defiende el voto por el Sí. Reproducimos textual e integramente sus siguientes declaraciones en el diario ABC donde muestran la contundencia de los argumentos a favor del SI en el referéndum a la Constitución Europea:
"Los del Río, que confesaron "no haber leído" la Constitución, manifestaron que "votamos el sí porque lo hace la mayoría, nosotros siempre vamos con la corriente". Señalaron "que la Constitución ha de defender nuestros productos, sobre todo el acerite de oliva y la música", y subrayaron que "nuestra Macarena triunfó en todo el mundo, fue un producto que salió de nuestro país y, por todo esto, la Constitución tiene que luchar". Sugirieron a la plataforma (Plataforma Cívica por Europa") que "nos encarguen el tema que abandere el sí a la Constitución".
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