¿QUÉ ES LA CONSTITUCIÓN EUROPEA?

UNA CONSTITUCIÓN EUROPEA ANTISOCIAL

Quienes quisiéramos una Constitución europea que garantice e impulse una Europa social nos topamos hoy con un texto constitucional antisocial, que nos recuerda que la política es algo demasiado serio como para dejarla en manos de los políticos. La Constitución que se someterá a referéndum el próximo día 20 de febrero, representa el mayor éxito de las derechas europeas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, pues codifica en la ley de leyes el desmantelamiento de las conquistas sociales obtenidas durante la segunda mitad del siglo XX. La que nos proponen es la Constitución de la Europa de las derechas, frente a la Europa de los derechos, con ese ADN suyo que combina desigualdad, derivas democraticidas y ofrenda de los derechos sociales en el altar del dios Mercado.

La Constitución dice: la Unión Europea (UE) “fomentará la cohesión económica, social y territorial y la solidaridad entre los Estados miembros” (Parte I, art. 3.3). Esta afirmación no va acompañada de disposiciones sobre armonización fiscal, homologación social o incremento sustancial del presupuesto de la UE. Por lo tanto, no se instituyen mecanismos para cambiar la tendencia actual. ¿Y hacia dónde vamos hoy en lo relativo a “cohesión económica, social y territorial”? Vamos hacia el aumento de la desigualdad estructural: si el 19% de la población de la Europa de los Quince vivía por debajo del 75% del PIB per cápita promedio de la UE, cuando se incorporen Rumania y Bulgaria tendremos que, en la Europa de los Veintisiete, no llegará al promedio mencionado el 36% de la ciudadanía.

En 2004 hemos incorporado diez países a la UE y, para 2005, el presupuesto comunitario sólo crecerá el 6.1%. Se trata de un aumento presupuestario claramente incompatible con el objetivo de “fomentar la cohesión económica, social y territorial”. Esos diez países poseen en torno al 40% de la renta per cápita de la Europa de los Quince y, al ritmo de crecimiento actual, tardarían más de cincuenta años en alcanzar idéntico nivel de renta.
En un momento en el que, en la Europa de los Quince, la participación de los salarios desciende al 68.1% del PIB (frente al 69.2% en los años noventa), la incorporación de 75 millones de personas, que cobran cinco veces menos que sus conciudadanos occidentales, sólo puede degradar las condiciones de trabajo. Al contexto laboral se añade la tendencia en la Europa de los Quince a gastar una proporción menor de la riqueza en protección social: entre 1995 y 2000, este capítulo de gasto pasó de representar el 28.3% del PIB al 27.3%. La Constitución europea no establece mecanismos para frenar la tendencia hacia la reducción del gasto social y la degradación de las condiciones laborales. Más bien, consolida la deriva antisocial.

La Constitución europea sustituye el derecho a una vivienda digna por el derecho a “una ayuda de vivienda” (Parte II, art. 94.3). El derecho a las prestaciones de seguridad social es transformado en “derecho de acceso” a tales prestaciones (Parte II, art. 94.1). ¿Cómo podríamos exigir el derecho a acceder a un derecho? El texto constitucional plantea la creación de un Comité de Protección Social, eso sí, “de carácter consultivo” (Parte III, art. 217). La educación no tendrá el propósito de lograr el “pleno desarrollo de la persona”, consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino la mera finalidad de integrar a la gente en el sistema productivo (Parte II, art. 74). Así constitucionalizamos en el ámbito educativo lo que Vázquez Montalbán llamaba la “función jíbara”, achicadora de cabezas.

La Constitución también rebaja los derechos laborales: en vez de obligar a los poderes públicos a proporcionar empleo, reconoce “la libertad de buscar empleo” y el “derecho a trabajar” (Parte II, art. 75.2.1), que es como el derecho a pasear: nadie nos puede impedir que trabajemos o paseemos, pero nadie tendrá la obligación de garantizarnos que podamos llevar a cabo tales actividades. También se sustituye la meta del pleno empleo por el objetivo de “un nivel elevado de empleo” (Parte III, art. 205.2) y, en lugar de prohibir el despido por maternidad, se opta por un enfoque ineficaz: el “derecho a ser protegido contra” tales despidos (Parte II, art. 93.2).

El Parlamento Europeo será menos democrático que el de cualquier otro estado miembro de la UE, pues no podrá proponer leyes (Parte I, art. 26.2). Sobre el Banco Central Europeo (BCE) no podrá influir nadie que haya ganado unas elecciones (Parte III, art. 188). Por lo tanto, la ciudadanía no influirá con sus votos en la política económica del BCE, es decir, no influirá, por ejemplo, en el precio de sus hipotecas. Es más, si algún día soplan otros vientos políticos en Europa y se quiere reformar la Constitución en un sentido social y democrático, bastará con que uno de los 27 estados de la UE se oponga para impedir la reforma (Parte IV, art. 443.3). Es deseable avanzar en la construcción europea, pero no a cualquier precio y de cualquier manera. ¿Por qué constitucionalizar deficiencias democráticas y derechos sociales a la baja? ¿Por qué renunciar a constitucionalizar mecanismos que garanticen la cohesión económica, social y territorial? ¿Por qué aceptar ese pesimismo que propugna renunciar a derechos aduciendo que si no lo hacemos será peor?

Ramón Trujillo, coordinador insular de Izquierda Unida Canaria.

ACTUAL CONSTITUCIÓN EUROPEA, ¿SÍ o NO?

INFÓRMATE ANTES DE VOTAR

Este simple formulario puede ayudarte a tomar una decisión ante el próximo referéndum de ratificación de la actual Constitución Europea (20 de febrero de 2005).

1 ¿Conoces el contenido del Tratado que se someterá a Referéndum el 20 de febrero de 2005?

2 ¿Sabías que la Constitución Europea es de rango superior a la Constitución de cualquier Estado miembro?

3 ¿Estás recibiendo información o crees que hay debate público sobre este Tratado?

4 ¿Sabes que esta Constitución es la Ley Fundamental que afectará nuestra vida y la de las futuras generaciones?

5 ¿Votarías una Constitución con un GRAVE DÉFICIT DEMOCRÁTICO en su proceso de ELABORACIÓN?

6 ¿Ratificarías una Constitución que impone la PRIVATIZACIÓN de la SEGURIDAD SOCIAL, EDUCACIÓN y TRANSPORTES entre otros servicios y empresas públicas (Art.III-122, Art. III-166) y en la que ya no aparecen como Servicios Públicos, sino como “Servicios Económicos de Interés General”?

7 ¿Sabías que en este texto aparece 78 veces la palabra “mercado”, 27 la palabra “competencia”, 3 veces “progreso social” y 1 “economía social de mercado”?

8 ¿Ratificarías una Constitución que SUSTITUYE EL DERECHO AL TRABAJO POR el DERECHO A TRABAJAR? (Art. II-75) reduce a su mínima expresión la protección contra los despidos, el desempleo y la exclusión, el derecho a una pensión de vejez y el derecho a una vivienda.

9 ¿Ratificarías una Constitución que NO ASEGURA la IGUALDAD DE GÉNEROS? (Art. III-116)

10 ¿Sabías que una empresa que desarrolle su actividad en España podrá fijar su sede en otro país comunitario y que las condiciones salariales, derechos sociales, normativa del medio ambiente, etc. serán las de ese país? (Directiva Bolkenstein)

11 ¿Ratificarías una Constitución que “potencia una mano de obra adaptable” ? (Art. III-203). La temida FLEXIBILIDAD tendría rango Constitucional.

12 ¿Ratificarías una Constitución que subordina la UE a la OTAN e IMPONE AUMENTAR el gasto PÚBLICO militar? (Art. I- 41)

13 ¿Ratificarías una Constitución que establece el PODER FINANCIERO (Banco Central Europeo) POR ENCIMA del poder político y la DEMOCRACIA?

14 ¿Ratificarías una Constitución que MENOSCABA los DERECHOS SOCIALES Y LABORALES adquiridos en Europa tras siglos de lucha?

15 ¿Votarías SÍ o NO porque así lo dice un político o comunicador?

16 ¿Firmarías, sin conocerlo en detalle, un Contrato de más de 300 páginas que va a regir toda tu vida?

17 ¿Sabías que para modificar el texto de la Constitución será necesario el acuerdo de los 25 estados miembros?


Por favor, cuenta tus “S͔ y tus “NO”. Si tienes más “SÍ que “NO”,”VOTA S͔

http://www.izquierda-unida.es/federal/constitucion/02.htm

Llamamiento: Digamos «No» al Tratado constitucional para construir otra Europa

Rebelión

El debate sobre Europa es importante. Para hacer frente a la deslocalización de empresas y a la especulación financiera, a la crisis ecológica y a la carrera armamentista, a la desigualdad entre géneros y a la brecha creciente entre el Norte opulento y el Sur y el Este empobrecidos, necesitamos unir esfuerzos a escala europea. Pero la Europa que hace falta no es la que consagra el Tratado constitucional adoptado por los jefes de estado y de gobierno el pasado día 18 de junio.

Este Tratado constitucional persigue, en realidad, otra cosa. Intenta blindar, en una Europa ampliada, el núcleo anti-democrático y anti-social que ha marcado el proceso de integración al menos desde Maastricht. No puede considerarse, por lo tanto, un simple Tratado más. Es un texto con pretensiones «constitucionales», concebido para durar.

Por su forma de elaboración, este Tratado no comporta ruptura alguna con los métodos tecnocráticos practicados hasta ahora por la Unión. Más allá de la propaganda, estamos lejos de haber asistido a un proceso constituyente genuinamente democrático. No se convocó a una Asamblea constituyente elegida por los pueblos europeos. La derecha conservadora dominó el funcionamiento de la Convención encargada de redactar las versiones iniciales del Proyecto. El debate fue escaso. Las enmiendas más avanzadas desde un punto de vista social y democrático fueron rechazadas. El texto aprobado, de por sí limitado, fue modificado «a la baja» por los ejecutivos estatales en las Cumbres intergubernamentales posteriores. Lo que se ha firmado en Roma, al final, no es ni más social, ni más democrático ni más europeo de lo que ya había en los Tratados anteriores.

La mayoría de la ciudadanía, aún hoy, carece de información adecuada sobre este Tratado. Tampoco se han dado garantías suficientes para un debate público y plural a la altura de lo que se pretende aprobar. Sin embargo, el gobierno español ha convocado un referéndum para comienzos del año 2005. De ratificarse, cualquier modificación sustancial del Tratado constitucional exigirá el acuerdo unánime de los 25 miembros de la Unión. Su revisión, no sólo jurídica, sino política, resultará casi imposible.

No es poco lo que está en juego. Por primera vez en la historia del constitucionalismo moderno, se consagran los pilares básicos del proyecto neoliberal. En la Parte III, sobre todo, se constitucionalizan con detalle la independencia casi absoluta del Banco Central Europeo, la obsesión por la ausencia de déficit y una serie de criterios de convergencia de claro signo monetarista. No se garantiza la defensa de los servicios públicos frente a las leyes del mercado ni una política ecologista coherente. Los objetivos sociales y ambientales quedan reducidos a simple retórica y la Carta de derechos se inserta como un adorno destinado a causar las menores molestias posibles. No se facilita la armonización fiscal o laboral. En cambio, los preceptos que han permitido las privatizaciones y las restricciones a las ayudas estatales a empresas públicas permanecen –como demuestra el caso de Izar– prácticamente inalterados.

Tras medio siglo de integración, los órganos más representativos conservan un papel marginal y los que de verdad deciden carecen de controles democráticos efectivos. Las nuevas competencias reconocidas al Parlamento europeo son mínimas. Los verdaderos «señores de la Constitución» continúan siendo el Consejo (europeo y de ministros), la Comisión, el Tribunal de Justicia y el Banco Central. No es de extrañar que en ese entramado oligárquico, la única innovación relevante en materia de democracia participativa –el derecho de propuesta ciudadana– se deje al albur de la Comisión, considerada ya la más neoliberal en la historia de la Unión.

El Tratado constitucional asegura defender la Europa de la paz, pero no consagra una alternativa real al modelo civilizatorio que hoy representan los Estados Unidos. No renuncia a la guerra como instrumento de política exterior, mantiene los lazos con la OTAN y prevé una “Agencia Europea de Defensa” dirigida a maximizar los beneficios en materia militar. Predica el respeto por la diversidad, pero no permite una actualización democrática del derecho a la autodeterminación de los pueblos ni otorga reconocimiento adecuado a la realidad plurinacional de Europa. Los casi veinte millones de trabajadores y trabajadoras inmigrantes que contribuyen a su prosperidad son objeto de un tratamiento básicamente discriminatorio y policial. Se intenta lo absurdo: exportar al Sur y al Este las políticas neoliberales que están en el origen del «efecto salida» de muchísimas personas, para luego negarles la libertad de circulación y los más elementales derechos de ciudadanía.

Como Proyecto destinado a regir la vida de Europa durante los próximos 30 o 50 años, este texto no puede considerarse ningún «paso adelante». Y mucho menos el «único camino posible». Negarse a rechazar un Tratado mediocre por temor a una crisis es desconocer que la crisis ya existe, y que sus responsables son los mismos que han defendido con entusiasmo los Tratados que han conducido a ella, incluido el de Niza.

Creemos que abandonar la crítica de la Europa burocrática, desigual y de las «múltiples velocidades» que recoge el Tratado constitucional al populismo xenófobo y de extrema derecha sería un acto irresponsable, de peligrosas consecuencias políticas y sociales. Por eso, defendemos la necesidad de decir «no» a este Tratado constitucional, como primer paso para la construcción de una Europa alternativa. Social, democrática, ecológica, pacífica, laica, respetuosa con la igualdad de género y con la diversidad sexual, cultural y nacional. La única Europa que, tomada en serio, podría ponerse al servicio de un internacionalismo solidario de nuevo cuño y ganarse el compromiso de los millones de mujeres y hombres que hoy la contemplan con comprensible escepticismo.