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IZQUIERDA UNIDA VOTA ¡¡NO!! A ESTA CONSTITUCIÓN EUROPEA

POR UNA UNIÓN EUROPEA DE LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS Y NO DE LAS EMPRESAS, DECIMOS NO

Además de consolidar una Unión Europea que elimina derechos sociales y laborales, con un modelo antidemocrático de funcionamiento y con unos postulados profundamente antieuropeos, este tratado de CE supone el espaldarazo definitivo a una UE totalmente controlada por la lógica del mercado y de los intereses del capitalismo más salvaje, que va totalmente en contra de una Europa auténticamente democrática y social.

Desde los tratados de Niza y Roma se han venido desarrollando medidas que responden a las exigencias liberalizadoras de los grandes intereses empresariales mundiales.

Según este tratado de CE, los principios que regirán la Unión Europea son la competitividad (“una economía social de mercado altamente competetitiva” según el texto), la estabilidad de precios y del euro. Su fin es crear un “mercado único en el que la competencia sea libre y no sea falseada”.

Para favorecer esa competitividad extrema, se prohíbe a los estados miembros ayudar a las empresas públicas (Art. 56 y 166) en favor de la competitividad, lo que supone una condena a muerte a dichas empresas públicas, que no podrán competir con las privadas. Los Servicios Públicos pasan a llamarse “Servicios de Interés General” (con lo que ya no son necesariamente públicos, sino que pueden estar en manos privadas: sanidad, educación, transporte, correos; de hecho ya lo son en algunos países de la Unión)

También se exige a los estados un estricto control del déficit, lo que impide a los estados hacer importantes inversiones públicas, obligándoloes a recurrir a manos privadas, sometiendo a las economías estatales a las manos de unos pocos empresarios y empresarias.

Por si todo esto fuera poco, este tratado de CE deja al Banco Central Europeo libre de todo control político, por lo que podrá imponer a los estados las medidas que considere oportunas para conseguir la competitividad deseada, llegando incluso a plantear explícitamente la posibilidad de eliminar las inversiones en un determinado país de la Unión, lo que supone atar a todos los estados miembros a la política económica que disponga un órgano (el BCE) no democrático que responde a los intereses de los mercaderes internacionales.
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